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En los siguientes puntos se desarrollan los principales ejes de debate de la relación entre empresas mineras y comunidades locales, así como las consecuencias sociales asociadas a la minería.


Conflictos socioambientales

La mayoría de conflictos sociales vinculados a la minería se originan por competencia en el uso de los recursos naturales o porque la contaminación provocada por la mina los inutiliza. La población local sufre las consecuencias de esta degradación del medio sin percibir mejoras en su calidad de vida. Al contrario, al desplazar actividades tradicionales, la inversión minera genera exclusión social y trastoca los valores culturales en las zonas donde interviene. Éstas son, en general, las raíces que provocan el enfrentamiento de los actores y el nacimiento del conflicto. De entrada, los dos focos principales, empresa y comunidades locales, se encuentran en condiciones de profunda desigualdad: asimetrías en el acceso a la información, al poder político y al mercado. Una resolución legítima del caso dependerá del reequilibrio de estas condiciones iniciales, que se podrá dar en función de la estrategia de cada una de las partes y del rol que jueguen otros actores, especialmente importante es el papel de los gobiernos y de las organizaciones de los movimientos sociales y ONG’s.

Estrategias empresariales en su relación con las comunidades

La mayoría de empresas mineras tienen definida una clara política de relación con la población local, ya sea por conseguir su apoyo o por evitar cualquier acto de oposición cuando éste ya no es posible. Conscientes de que juegan en su favor la falta de información sobre los potenciales impactos negativos de la minería y la difícil situación económica de muchas zonas de explotación, las empresas ofrecen trabajo en las minas a la población que no está informada sobre los riesgos de la actividad, creando una dependencia que los trabajadores después no pueden cortar, ni tan solo cuando se hacen evidentes los problemas sobre la salud. Otra estrategia habitual es sobornar a miembros de la comunidad para que hagan pública su aprobación al proyecto, u organizar actos informativos sobre el proyecto minero donde se ofrece comida gratuita y a cambio se firma un documento de apoyo al proyecto. En condiciones de extrema pobreza una pequeña suma de dinero puede ser un incentivo muy atractivo por firmar cualquier documento, especialmente si la falta de información o la manipulación de ésta evitan que la mayor parte de la población conozca las consecuencias de la mina.

Estas estrategias buscan y tienen como resultado la división de las comunidades. La crispación y las tensiones enfrentan a la población de forma que se dificulta organizar una oposición al proyecto minero. Igualmente, cuando ésta existe, los líderes locales, colectivos, asambleas, o cualquier forma organizativa de resistencia, se encuentran en fuertes presiones y amenazas. A menudo los líderes del movimiento de oposición son detenidos como subversivos o acusados de terrorismo, o sufren agresiones directas por parte de  “matones” contratados por la empresa. El caso más extremo es la contratación de ex-oficiales de inteligencia o militares veteranos para organizar ejércitos mercenarios que velen por los intereses de la empresa minera.

Otra estrategia utilizada por las empresas es la denominada inversión en proyectos sociales, entendida para algunos como forma de compensación a los impactos negativos de la mina. En la práctica, estas actuaciones sirven para disminuir la presión social sobre las empresas, pero no se traducen en proyectos realmente beneficiosos para las poblaciones locales (construcción de infraestructuras o servicios que respondan a sus necesidades reales). La responsabilidad social y ambiental de las empresas mineras a menudo se acaba convirtiendo en un mecanismo paternalista que permito proyectar una buena imagen y reducir la aportación en impuestos mediante deducciones a la lava.

Consultas

Como alternativa a los conflictos que se viven actualmente y como mecanismo legítimo por hacer valer su opinión, comunidades de todo el mundo están pidiendo el derecho a dar su consentimiento a operaciones con un impacto ambiental tanto significativo como el de los proyectos mineros. En el caso de las poblaciones indígenas, el Convenio Nº169 sobre Pueblos Indígenas y Tribals de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificado por 17 países, establece que los gobiernos han de establecer un proceso de consulta cuando se tomen medidas que los afecten directamente (arte. 6) así como el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio desarrollo económico social y cultural.

Hace falta remarcar que las Consultas sólo son legítimas cuando las comunidades disponen de información suficiente sobre el proyecto y tienen tiempo suficiente por analizarla.

Ahora bien, cuando la consulta viene impuesta de los gobiernos y no surge como una iniciativa de la población, el proceso queda reducido a un instrumento utilizado por gobierno y empresa para legitimar sus operaciones.

Minería y grupos indígenas

Muchas explotaciones mineras afectan a pueblos indígenas. Aproximadamente la mitad del oro se ha extraído y se extraerá entre 1985 y  2015 se encuentra en tierras indígenas.

Estas comunidades son especialmente vulnerables por varías razones. En primer lugar, muchos pueblos indígenas no tienen título formal de propiedad de sus tierras, aunque se trate de territorios ocupados durante generaciones y, por lo tanto, cuando el Estado otorga concesiones pueden ser desplazados sin compensaciones mínimamente aceptables. El efecto de la minería y la contaminación de suelos y aguas que ésta provoca es especialmente grave si tenemos en cuenta la estrecha relación de los pueblos indígenas con el medio que los rodea: si éste es malogrado, también lo es su forma de sostenerse. Este agresión a la tierra es percibida como un ataque a su cultura y forma de vida, todavía más si la minería afecta y destruye zonas consideradas sagradas por la comunidad. Por último, la diferente cosmovisión indígena y la distancia de los lenguajes entras comunidades y empresas, dificulta que estos pueblos puedan ser escuchados en la defensa de sus derechos. En general, son considerados ciudadanos de segunda y no reciben ningún tipo de apoyo por parte de los gobiernos.

  

Principales Impactos:

• Apropiación de las tierras de las comunidades.

• Alteración de las relaciones sociales, desintegración y exclusión social.

• División de las comunidades.

• Corrupción de las autoridades locales.

• Choque cultural entre población local y población llegada por trabajar a la mina.

• Destrucción de formas de vida tradicionales y autosostenibles, destrucción de identidades y  valores culturales.

• Destrucción de espacios naturales considerados sagrados por las poblaciones locales.

• Impactos negativos sobre la salud de las personas.

• Aumento en la marginación del rol de la mujer en desplazarse bruscamente sus actividades tradicionales.

• Aparición/aumento de la prostitución.

• Aumento del alcoholismo.